Un nuevo capítulo de controversia se abre en el entorno de La Libertad Avanza, luego de que Gustavo Balabanian, exmarido de la diputada electa Karen Reichardt, fuera vinculado a Fred Machado, empresario detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero. La investigación judicial, que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revela que Balabanian figura como beneficiario de un giro de US$230.000 realizado por South Aviation, empresa de Machado, en 2015.

El caso salió a la luz tras el hallazgo de los cuadernos del lobista Miguel Calvete, donde se detallan supuestos porcentajes de coimas y se mencionan a otros actores políticos y empresariales, como Florencio Randazzo y José Luis Espert. En la misma causa, se investiga a Karina Milei y Diego Spagnuolo por presuntos sobornos sistemáticos en la ANDIS, con indagatorias y medidas judiciales en curso.

Balabanian, empresario con antecedentes en River Plate, Banco de Valores, Paraná Seguros y Persicco, habría mantenido relaciones comerciales con Machado, incluyendo la compra de un avión. La transacción de US$230.000 se suma a otras operaciones bajo sospecha, como la de US$200.000 entre Machado y Espert, en el marco de un contrato por US$1 millón.

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció públicamente el vínculo entre Balabanian y Machado, mientras que fuentes cercanas a Reichardt calificaron las acusaciones como "disparate". La causa sigue abierta, con la fiscalía de San Isidro solicitando nuevas pruebas y peritajes de dispositivos electrónicos, además de requerir información a autoridades estadounidenses y guatemaltecas.

Este escándalo se suma a una serie de investigaciones sobre corrupción y financiamiento ilegal en organismos estatales, reavivando el debate sobre el uso del aparato público para negocios privados. La aparición de los cuadernos de Calvete y las conexiones entre empresarios y políticos generan tensiones internas en La Libertad Avanza y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública. El desenlace judicial y político de la causa podría tener implicancias significativas para el oficialismo y el futuro de las investigaciones sobre corrupción en Argentina.