El gobierno argentino ha dado un paso significativo en su plan de privatización de rutas nacionales al lanzar la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proyecto busca concesionar más de 4.400 kilómetros de rutas, incluyendo tramos estratégicos como la autopista Rosario-Buenos Aires, la circunvalación de Rosario y la Ruta 33. La medida tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial mediante la inversión privada, eliminando subsidios públicos y promoviendo la competencia entre empresas.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Resolución 827/2025, convocó a audiencias públicas que se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de junio. Estas instancias permitirán a ciudadanos y empresas expresar sus opiniones y propuestas sobre el proyecto. Según el organismo, el nuevo sistema garantizará mayor transparencia y eficiencia, beneficiando a los usuarios y al desarrollo económico del país.

Entre las mejoras previstas se incluyen la repavimentación de rutas, la construcción de banquinas, la instalación de peajes con tecnología "Free Flow" y el mantenimiento de luminarias. En el caso de la circunvalación de Rosario, se descartó la instalación de nuevos peajes, una decisión que busca aliviar las preocupaciones de los residentes locales.

El proyecto también contempla la reactivación de estaciones de peaje en la Ruta 33, que habían sido desmanteladas en años anteriores. Las empresas concesionarias estarán obligadas a realizar obras de mantenimiento y mejoras, como bacheo, fresado y señalización, además de asumir la responsabilidad del mantenimiento de la iluminación.

Este plan forma parte de un esfuerzo más amplio para privatizar un total de 9.342 kilómetros de rutas nacionales, lo que representa el 20% de la red vial del país pero concentra el 80% del tránsito. La primera etapa del RFC ya había incluido la concesión de 700 kilómetros de la Ruta del Mercosur.

El gobierno ha defendido la medida como una forma de reducir los costos para el Tesoro Nacional y mejorar la calidad de las rutas. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupaciones sobre el impacto de los peajes en los costos de transporte y la accesibilidad para los usuarios. La disolución de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que gestionaba estas rutas, también ha generado debate.

A medida que se desarrollen las audiencias públicas y se definan los detalles del proyecto, se espera que surjan más opiniones y análisis sobre el impacto de esta iniciativa en la infraestructura vial y la economía del país.