El asesinato de Juan Cruz Leal, un joven de 21 años, a manos de un policía de la Ciudad de Buenos Aires en la localidad bonaerense de Ituzaingó, ha generado una fuerte conmoción social y reabierto el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando Leal y su amigo Daniel Kuhne circulaban en moto rumbo a un partido de fútbol. Según la investigación, ambos llevaban consigo botines y ropa deportiva, lo que respalda la versión de que no tenían intenciones delictivas.

El agente Lucas Adrián Gómez, de 36 años, se encontraba de civil y acompañado por su esposa. Al notar que los jóvenes se acercaban en otra moto, creyó que intentaban asaltarlo. Según su declaración, detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó su arma reglamentaria, una Thunder Pro 9 mm. Leal recibió un disparo mortal en la ingle y falleció horas después en el hospital, mientras que Kuhne resultó herido pero sobrevivió.

La familia del policía sostiene que Gómez actuó en legítima defensa, argumentando que había sido víctima de un intento de robo en el pasado y que la situación le generó temor. Sin embargo, la familia de la víctima rechaza esta versión y asegura que Juan Cruz no era delincuente ni intentó asaltar a nadie. "La legítima defensa es cuando una persona saca un arma. Acá no existe legítima defensa: mi hijo venía manejando, en ningún momento sacó un arma ni persiguió a nadie", declaró Diego Leal, padre del joven fallecido.

El caso está siendo investigado por la fiscalía de Ituzaingó, que imputó a Gómez por homicidio agravado y ordenó su detención. En la escena se secuestraron dos vainas servidas y el arma reglamentaria del agente, pero no se hallaron elementos que vinculen a los jóvenes con un intento de robo. Testigos y vecinos relataron que el policía se mostró exaltado tras el hecho y que la asistencia médica demoró en llegar.

El episodio ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como un nuevo caso de "gatillo fácil" y violencia institucional. Se prevé una marcha el 27 de marzo para exigir justicia por Juan Cruz Leal, en un contexto de creciente preocupación por el accionar policial y la criminalización de jóvenes en Argentina. El debate sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mayores controles institucionales vuelve a estar en el centro de la agenda pública.