El pasado 12 de mayo de 2026, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Gustavo Adolfo Cisneros, hijo adoptivo de Roberto Sagra, en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo de Tucumán. Cisneros intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires portando una pistola Glock 9mm cargada, sin la debida autorización legal. El joven empresario, vinculado al negocio del juego en la provincia, aseguró desconocer el origen del arma y se mostró sorprendido ante el hallazgo, según fuentes policiales.

La detención de Cisneros, de 32 años, abrió una investigación judicial a cargo del Juzgado Federal N°3, con intervención de la Fiscalía Federal N°1. Durante el procedimiento, se secuestró documentación relevante que, junto a registros inmobiliarios, reveló operaciones sospechosas entre Gustavo Cisneros y el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros. Entre 2021 y 2022, Gustavo Cisneros vendió seis inmuebles en el exclusivo complejo Terrazas Park de Yerba Buena a Carlos Cisneros, todos a un precio fijo de $9.000.000 cada uno, cifra considerablemente inferior al valor de mercado actual.

Las declaraciones patrimoniales de Carlos Cisneros ante el Estado sólo reconocen la propiedad de dos de los seis inmuebles adquiridos, lo que ha despertado sospechas sobre posibles maniobras de ocultamiento y lavado de activos. Además, el patrimonio declarado por el diputado se multiplicó por doce en dólares entre 2019 y 2024, en un contexto de fuerte inflación y devaluación.

El entramado societario involucra a empresas de apuestas y tecnología vinculadas tanto a Sagra como a Cisneros, con una facturación anual conjunta cercana a los $47.000 millones. El complejo Terrazas Park, eje de las operaciones inmobiliarias, pertenece al grupo editorial La Gaceta, lo que suma un componente mediático al caso.

La cobertura mediática nacional omitió la identidad del detenido, mientras que la investigación judicial avanza sobre posibles delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. El caso pone en evidencia la estrecha relación entre política, negocios y medios en Tucumán, y podría tener implicancias significativas en el futuro político y judicial de la provincia.