El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, concluyó el uso de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases, tras un año de vigencia. Durante este período, el Ejecutivo implementó una profunda reestructuración del Estado, que incluyó la disolución, fusión o transformación de 101 organismos públicos, entre ellos Vialidad Nacional, el INADI, la CNRT y varios institutos culturales y científicos.

Según el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, estas medidas generarán un ahorro estimado de US$2.000 millones anuales. Además, se autorizaron privatizaciones de empresas públicas como Intercargo, Corredores Viales y Energía Argentina, y se centralizó la gestión de hospitales nacionales, así como la reorganización de las fuerzas de seguridad federales.

El proceso se aceleró en los días previos al vencimiento del plazo, el 7 de julio de 2025, con el cierre de organismos considerados emblemáticos. Muchas de las funciones de los organismos disueltos fueron reasignadas a ministerios, lo que implicó una pérdida de autonomía y reducción presupuestaria. En paralelo, se eliminaron fondos fiduciarios y se simplificaron numerosos trámites estatales.

En los 18 meses de gestión, el Gobierno despidió a 50.000 empleados públicos, equivalente al 10% de la planta estatal. Desde el oficialismo, se argumenta que la medida fue constitucional, limitada en alcance y tiempo, y necesaria para modernizar el Estado y reducir el gasto público. Sin embargo, sectores críticos advierten sobre el impacto social, la pérdida de derechos laborales y el aumento del desempleo público.

El uso de facultades delegadas ha sido una herramienta utilizada por gobiernos anteriores, aunque en esta ocasión se restringió su alcance y duración. De cara al futuro, el Gobierno anticipa que continuará impulsando reformas mediante decretos de necesidad y urgencia, especialmente en áreas como la reforma laboral y previsional, en línea con los objetivos del Pacto de Mayo.