La revelación del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) 2024, elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) bajo el gobierno de Javier Milei, ha desatado una fuerte polémica en Argentina. Según el documento, la SIDE podría realizar tareas de espionaje interno contra periodistas, economistas y otros actores sociales que "erosionen la confianza" en el gobierno o difundan información contraria al "interés nacional".

El PIN, que entró en vigencia a finales de 2024, establece lineamientos estratégicos en áreas como política, economía, seguridad y salud pública. Entre sus objetivos, se incluye la vigilancia de quienes promuevan "relatos desestabilizadores" o critiquen políticas económicas y medidas de seguridad. También se menciona la posibilidad de monitorear a quienes cuestionen la gestión sanitaria del gobierno, como la falta de vacunas.

La polémica se intensificó tras las denuncias del periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló detalles del PIN y posteriormente fue víctima de amenazas y ataques cibernéticos. Según Alconada Mon, su cuenta de WhatsApp fue objeto de diez intentos de hackeo, además de recibir insultos y amenazas desde distintos números telefónicos. El periodista también denunció intentos de acceder a su cuenta en la red social X y la creación de perfiles falsos a su nombre en sitios pornográficos.

El gobierno de Milei ha negado que el PIN se utilice para perseguir opositores, aunque confirmó su existencia. En un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que "este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas y adversarios políticos". Sin embargo, expertos y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han señalado que el PIN viola la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe el espionaje basado en opiniones políticas o actividades lícitas.

La SIDE, que opera bajo la dirección de Santiago Caputo, ha visto un aumento significativo en su presupuesto desde enero de 2025, con un incremento del 68% en sus gastos generales y un 254% en sus fondos reservados. Este crecimiento contrasta con los recortes aplicados en otras áreas del Estado bajo la política de "motosierra" de Milei.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia ha sido instada a investigar el tema con urgencia. Mientras tanto, la polémica sobre el PIN 2024 continúa alimentando el debate sobre los límites de la inteligencia estatal y su impacto en derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.