El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires destinó más de $58 mil millones a publicidad oficial durante 2025, según un informe de Chequeado y datos oficiales reconstruidos por diversos medios. Este monto representa un incremento real del 63% respecto al año anterior y se da en un contexto de año electoral, donde la comunicación institucional cobró especial relevancia.

El principal beneficiario de la pauta fue el Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López, que recibió el 12,2% del total, superando ampliamente a otros conglomerados como Clarín, América y Olmos. C5N, el canal de cable del grupo, fue el medio individual que más fondos recibió, con más de $4.000 millones. Otros grupos destacados en la distribución fueron Olmos (Crónica TV, BAE Negocios), América (América TV, A24), Clarín (Canal 13, TN, Radio Mitre) y El Destape, de Roberto Navarro.

La distribución de la pauta oficial se realizó sin criterios legales establecidos, ya que la provincia carece de una ley específica. Las órdenes de compra fueron decididas de manera discrecional por la Secretaría de Medios, lo que generó críticas por la falta de transparencia y la concentración de recursos en medios con sede en la Ciudad de Buenos Aires. "En todos los casos se procura una distribución plural, que llegue a todos los habitantes de la Provincia", argumentaron desde el Ministerio de Comunicación, aunque los datos muestran que los medios del interior recibieron montos considerablemente menores, salvo excepciones como el Grupo Elías en Bahía Blanca y El Eco en Tandil.

El presidente Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza cuestionaron públicamente el gasto y propusieron prohibir la pauta oficial en la provincia. "Esto es un escándalo", expresó el diputado Agustín Romo, mientras que Milei ironizó en redes sociales sobre la magnitud del gasto. Paralelamente, se registraron reclamos por deudas en el sistema sanitario y atrasos en transferencias a municipios, lo que alimentó el debate sobre las prioridades presupuestarias.

El contraste con la política nacional es notorio: mientras el gobierno central redujo la pauta al mínimo, la provincia de Buenos Aires incrementó su inversión en comunicación. El tema reavivó el debate sobre la necesidad de una ley que regule la distribución de la pauta oficial y garantice mayor transparencia y equidad, especialmente para los medios regionales. Se espera que la controversia tenga impacto en futuras discusiones legislativas y en la agenda pública bonaerense.