El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha implementado una medida que limita la cobertura periodística de las protestas previstas en las inmediaciones del Congreso, en el contexto del debate sobre la reforma laboral. El Ministerio de Seguridad dispuso una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos en la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700, con el objetivo de ordenar la cobertura y reducir riesgos para periodistas, camarógrafos y personal técnico durante los días 18, 19 y 20 de febrero.

La decisión se produce en un clima de alta tensión política y sindical, marcado por la convocatoria a un paro general de la CGT y movilizaciones de diversos gremios y organizaciones sociales. El Gobierno advierte que las fuerzas de seguridad actuarán ante hechos de violencia y recomienda a la prensa evitar ubicarse entre focos conflictivos, señalando que posicionarse en determinados puntos podría implicar una "autopuesta en peligro".

La reforma laboral, que busca sancionar el oficialismo, incluye modificaciones como la reducción de indemnizaciones por despido, limitación de licencias laborales y restricciones al derecho a huelga. El debate parlamentario ha generado protestas y enfrentamientos previos, con decenas de detenidos y numerosos heridos, incluyendo trabajadores de prensa afectados por disparos de bala de goma.

La medida ha sido criticada por asociaciones periodísticas y organismos internacionales. ACERA advirtió que cualquier restricción a la cobertura de manifestaciones obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, y vulnera el derecho de la sociedad a recibir información oportuna. FOPEA y ADEPA expresaron preocupación por la creación de una "Oficina de Respuesta Oficial" para contrarrestar lo que el Gobierno considera desinformación, alertando sobre el impacto en la libertad de prensa. Human Rights Watch destacó el "clima de agresión contra la prensa" fomentado por el Gobierno, señalando la retórica hostil de Milei y altos funcionarios.

El Gobierno sostiene que la medida busca proteger a los periodistas y evitar situaciones de riesgo, mientras que sindicatos y organizaciones sociales insisten en la necesidad de movilizarse para defender derechos laborales. El debate sobre la reforma laboral y las restricciones a la cobertura periodística reflejan la creciente polarización y el desafío de garantizar la libertad de expresión en un contexto de conflictividad social.