El Gobierno argentino ha dispuesto una importante actualización en el listado de sustancias consideradas estupefacientes, según lo establece el decreto publicado el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial. La medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, incorpora 254 nuevas sustancias al Anexo I del Decreto 560/19, elevando el total de compuestos fiscalizados a 632.

Entre las sustancias añadidas se encuentran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semi-sintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos fenciclidinas y una triptamina, además de otras sustancias de relevancia toxicológica. El proceso de selección se basó en la verificación de la presencia efectiva de estas sustancias en el territorio nacional, evidenciada por procedimientos de incautación, pericias toxicológicas y reportes de sistemas de alerta temprana.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer las herramientas regulatorias frente a un fenómeno dinámico y transnacional, marcado por la aparición constante de nuevas sustancias psicoactivas. "La incorporación de estos compuestos al régimen de fiscalización se justifica por su elevado potencial de abuso y los riesgos asociados a su consumo no médico", señala el informe técnico elaborado por expertos del Ministerio de Seguridad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El decreto también destaca la cooperación entre laboratorios antidrogas y la creación de mesas de trabajo específicas para el control del tráfico ilícito y el uso indebido de fentanilo, en coordinación con fuerzas policiales, organismos de salud y entidades internacionales. "La actualización del listado representa un avance sustancial en la implementación de políticas criminales y de salud pública", afirman fuentes oficiales.

Argentina sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la ONUDD y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), y cuenta con sistemas de alerta temprana y redes de laboratorios para detectar y responder a nuevas amenazas. Se espera que la medida fortalezca la capacidad de respuesta ante el tráfico ilícito y el uso indebido de sustancias peligrosas, contribuyendo a la protección de la salud pública y la seguridad nacional.