Un presunto caso de abuso entre alumnos en la escuela Renacer en la Esperanza, ubicada en la zona oeste de Rosario, generó una fuerte conmoción y protesta entre padres, familiares y vecinos. La denuncia fue presentada por la familia de un niño de 5/6 años, quien habría sido víctima de abuso por parte de tres estudiantes mayores del mismo establecimiento. El hecho ocurrió en la Escuela N° 1381, situada en Doctor Riva al 5700/5740, y rápidamente movilizó a la comunidad educativa y a las autoridades provinciales.

La familia del menor acudió a la comisaría de la mujer para radicar la denuncia, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y el inicio de una investigación legal y administrativa. El Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó la activación de los protocolos de protección a la niñez y de intervención en crisis, y convocó al equipo socioeducativo para acompañar a la comunidad escolar. “No vamos a permitir el amedrentamiento al sistema educativo ni al personal docente”, remarcaron desde la cartera educativa en un comunicado oficial.

La situación se intensificó el jueves, cuando padres y vecinos se congregaron frente a la escuela para exigir explicaciones y respuestas. La protesta incluyó quema de cubiertas, daños materiales en el edificio y agresiones a la directora, quien debió retirarse escoltada por la policía. Un fuerte operativo policial se desplegó en los accesos para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente, mientras el Ministerio dispuso un relevamiento de los daños y adelantó que realizará denuncias contra quienes protagonizaron los ataques.

El niño fue trasladado a un centro médico y, según sus padres, se encuentra asustado y no quiere regresar a la escuela. El Ministerio de Educación anunció la convocatoria a reuniones informativas con las familias en la Delegación Regional, con el objetivo de restablecer la calma institucional y preservar la integridad de todos los miembros de la comunidad escolar.

Este caso se suma a otros episodios que han puesto en debate la seguridad en las instituciones educativas y la respuesta de las autoridades ante situaciones de vulneración de derechos. La comunidad escolar permanece dividida entre la preocupación por el bienestar del menor y la exigencia de garantías para todos los estudiantes, mientras la investigación judicial sigue su curso.