Valentina Olguín, una influencer y cantante de cumbia de 27 años oriunda de Santiago del Estero, enfrenta una investigación judicial por presunto contrabando simulado. Según las autoridades, Olguín utilizó los datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para sortear restricciones aduaneras y facilitar la importación de ropa desde Estados Unidos.

El caso salió a la luz cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió notificaciones de compras realizadas a su nombre en una tienda de Miami. Tras confirmar que no había realizado dichas compras, Jaldo presentó una denuncia ante la Justicia Federal. La investigación reveló que Olguín también habría utilizado los CUIT de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis).

En su defensa, Olguín admitió haber utilizado los datos "al azar" y argumentó desconocimiento sobre la ilegalidad de sus acciones. Según su abogada, Claudia Paz, la ropa importada era parte de canjes publicitarios y no tenía fines comerciales. Sin embargo, la Justicia investiga posibles delitos de contrabando simulado, falsificación de documentos y uso indebido de datos protegidos.

La maniobra de Olguín pone en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales en Argentina y la falta de controles efectivos en el sistema fiscal y aduanero. Las restricciones actuales limitan las compras internacionales a cinco envíos anuales por persona, con un tope de 3000 dólares, lo que llevó a la influencer a buscar alternativas para continuar recibiendo productos de marcas internacionales.

El caso ha generado reacciones diversas. Mientras que el gobernador Jaldo calificó el hecho como "grave" y pidió a los ciudadanos revisar si también han sido víctimas de este tipo de fraude, Olguín expresó arrepentimiento y se mostró dispuesta a reparar los daños mediante multas o tareas comunitarias. Expertos en seguridad de datos han señalado la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar casos similares en el futuro.

La causa, a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez y el fiscal Agustín Chit, incluye allanamientos en el domicilio de Olguín en el barrio porteño de Núñez, donde se encontraron prendas, dispositivos electrónicos y documentos con CUIT. La situación procesal de la influencer aún está por definirse, pero podría enfrentar penas de entre dos y ocho años de prisión efectiva si se comprueba su culpabilidad.