El debate por la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se ha convertido en el eje de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción en el Senado, propone eliminar la discrecionalidad en el reparto de estos fondos y establecer un mecanismo automático basado en los coeficientes de coparticipación.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sorprendió al sugerir públicamente que el presidente Javier Milei no debería vetar esta iniciativa. "Si el Presidente me consulta, yo le diría que esta no la vete", afirmó en una entrevista televisiva, argumentando que la medida podría redefinir el federalismo fiscal y la relación entre el Congreso y las provincias. Sin embargo, desde la Casa Rosada se apuraron a aclarar que Milei vetará todos los proyectos aprobados por el Senado, incluidos aquellos con alto consenso político como la redistribución de los ATN.

El fondo ATN, que representa el 1% de la masa coparticipable de impuestos federales, ha sido históricamente distribuido de manera discrecional por el Gobierno nacional. Según estimaciones, Buenos Aires sería la principal beneficiada con la nueva ley, recibiendo más de $70.000 millones adicionales en el segundo semestre de 2025. Otras provincias también verían incrementados sus ingresos, salvo excepciones como Chubut.

El oficialismo sostiene que la aprobación de este proyecto pondría en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico de Milei. Sturzenegger advirtió que el paquete de leyes aprobado por el Senado podría revertir la baja en la pobreza y crear millones de niños pobres, aunque reconoció que la redistribución automática de los ATN podría ser una excepción.

Por su parte, los gobernadores argumentan que el impacto fiscal sería marginal y que la medida mejoraría la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Insisten en que los ATN se nutren de fondos tributarios que deberían ser coparticipados y no utilizados discrecionalmente por el Ejecutivo nacional.

El debate reaviva viejas tensiones sobre el federalismo fiscal y la capacidad del Congreso para modificar la ley de coparticipación. Mientras tanto, la Cámara de Diputados deberá definir el futuro de la iniciativa, en un contexto de alta polarización política y presión de las provincias por obtener mayores recursos.