El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha anunciado un ambicioso plan de reestructuración del Estado argentino que incluye la eliminación de organismos públicos, la revisión de normativas y una reducción significativa del gasto público. Este proyecto, denominado "El Digesto", busca simplificar la estructura estatal y eliminar regulaciones consideradas obsoletas.

En una entrevista reciente, Sturzenegger detalló que el plan contempla la revisión de 700,000 decretos, de los cuales solo 70,000 están digitalizados. "El objetivo es hacer una limpieza muy fuerte para que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos", afirmó el ministro. Además, destacó que las medidas ya han generado un ahorro equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y 1,800 millones de dólares en impuestos menos.

Sin embargo, estas políticas han generado preocupación en diversos sectores. Los gremios estatales han advertido sobre una posible ola de despidos masivos, afectando a trabajadores de planta permanente. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, denunció que estas medidas implican la precarización del empleo público y la entrega de recursos naturales a corporaciones internacionales.

El plan también incluye la fusión o eliminación de organismos descentralizados en sectores clave como transporte, energía y tecnología agropecuaria. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) podría ser absorbida por la Secretaría de Transporte, mientras que otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) están bajo revisión.

El presidente Javier Milei ha respaldado estas iniciativas, calificándolas como "el shock regulatorio más grande de la historia". En redes sociales, Sturzenegger ha utilizado la "motosierra" como símbolo de estas políticas, destacando que han sacado a "10 millones de personas de la pobreza".

A pesar de las críticas, el gobierno defiende estas medidas como necesarias para alcanzar el superávit fiscal y reducir la carga impositiva. No obstante, analistas advierten sobre los riesgos de una implementación apresurada y la falta de transparencia en el proceso.

El impacto de estas políticas será un tema central en los próximos meses, con implicaciones significativas para la estructura del Estado y la economía argentina.