El Gobierno nacional avanza en una profunda reforma de la Dirección Nacional de Migraciones, inspirada en el modelo de Estados Unidos, con el objetivo de transformar el organismo en una estructura con capacidad operativa propia. Según fuentes oficiales, el decreto que formalizará estos cambios está en sus etapas finales y prevé la creación de una policía migratoria con facultades de detención y expulsión en los puntos de ingreso al país.

Desde la Casa Rosada aclaran que no se trata de una nueva fuerza federal, sino de un cuerpo especializado que convivirá con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin superposición de funciones. El nuevo organismo podrá realizar controles, detenciones y expulsiones de inmigrantes con antecedentes penales, alertas o irregularidades en su documentación. "Forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security", señalaron fuentes del Ejecutivo, en referencia al acuerdo firmado por el presidente Javier Milei en julio para avanzar hacia el Programa Visa Waiver y adoptar estándares migratorios y aduaneros similares a los de Estados Unidos.

El modelo estadounidense contempla organismos diferenciados para cada etapa del proceso migratorio, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La reforma argentina toma como referencia estos esquemas, en línea con las modificaciones ya aplicadas a las fuerzas federales, que incluyeron la reorganización de la Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, así como la creación del Departamento Federal de Investigaciones y una carrera de detective para profesionales.

El decreto también endurece los criterios de ingreso y permanencia en el país, limitando la vigencia de la residencia precaria, habilitando rechazos en frontera y estableciendo prohibiciones de reingreso de al menos cinco años. Además, se prevé la creación de una Agencia de Ciudadanía por Inversión, que permitirá acceder a la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones superiores a los 500 mil dólares. En materia sanitaria, los extranjeros sin residencia permanente deberán contar con seguro médico obligatorio o pagar por adelantado la atención en hospitales públicos, mientras que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.

El Gobierno sostiene que estas medidas buscan ordenar el sistema migratorio y evitar abusos en el uso de recursos públicos. Sin embargo, la propuesta genera debate en sectores políticos, académicos y organizaciones vinculadas a derechos humanos, que aguardan la publicación del texto definitivo para evaluar su alcance. La reforma se suma a los cambios ya implementados en materia de seguridad y control fronterizo, consolidando el traspaso de Migraciones al Ministerio de Seguridad y alineando la política migratoria argentina con estándares internacionales.