La clausura de la feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora, ha desencadenado una crisis económica y social que afecta a miles de personas. La medida, ordenada por la Justicia el pasado 22 de mayo, se produjo tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", junto a otras 15 personas acusadas de lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. Este cierre ha dejado sin ingresos a más de 30.000 trabajadores, incluidos puesteros, changarines y remiseros, además de perjudicar a comerciantes que dependían de la feria para abastecerse de productos.

Desde el cierre, se han registrado múltiples protestas, incluyendo cortes en Puente La Noria y manifestaciones frente a la municipalidad de Lomas de Zamora. Los trabajadores exigen la reapertura del predio, argumentando que la clausura los ha dejado en una situación de vulnerabilidad extrema. "No a la clausura, somos familias de trabajo", rezaba uno de los carteles en las manifestaciones.

En paralelo, la Justicia y el Gobierno han comenzado a trabajar en una mesa interinstitucional que busca permitir la reapertura de la feria bajo condiciones legales y controladas. Según fuentes judiciales, esta iniciativa incluiría la creación de un mecanismo de depósito judicial para gestionar los alquileres de los puestos, mientras se garantiza que no se repitan las irregularidades que llevaron al cierre.

El impacto del cierre también se ha sentido en otros polos comerciales, como el de Avellaneda, donde comerciantes y compradores han migrado en busca de alternativas. Sin embargo, los precios más altos y las limitaciones logísticas han complicado la situación para muchos. "Acá está todo un 15% más caro. Además, muchas cosas no se consiguen", comentó un comerciante afectado.

La clausura de La Salada también ha generado tensiones políticas. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, criticó la gestión de las protestas por parte de las autoridades provinciales, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió señalando que la responsabilidad inicial recaía en el Gobierno nacional.

La feria, que surgió en los años 90 como un espacio para la economía informal, se había convertido en un centro neurálgico para pequeños comerciantes y consumidores de bajos recursos. Sin embargo, su funcionamiento estuvo marcado por irregularidades, incluyendo la evasión fiscal y el comercio ilegal, lo que llevó a organismos internacionales como el FMI a señalarla como un foco de preocupación.

A medida que avanzan las negociaciones para su posible reapertura, persisten las dudas sobre cómo se garantizará un funcionamiento legal y sostenible. Mientras tanto, miles de familias continúan enfrentando la incertidumbre sobre su futuro económico.