La Justicia argentina solicitó al Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires reforzar la seguridad en los tribunales de Comodoro Py ante la inminente detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, remitió un oficio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par porteño, pidiendo "los medios necesarios a fin de brindar la seguridad suficiente" tanto dentro del edificio como en sus alrededores, en previsión de la movilización convocada por el kirchnerismo para acompañar a la exmandataria.

La marcha, prevista para el miércoles, genera máxima preocupación en el Gobierno, que busca evitar incidentes y una posible pérdida de control de la situación en la calle. "Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación", reconocieron fuentes oficiales. En paralelo, se debate la posibilidad de que Cristina Kirchner reciba el beneficio de la prisión domiciliaria para evitar su traslado a Comodoro Py, una medida que podría desactivar la movilización. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se oponen a la domiciliaria, argumentando que la edad de la exmandataria no es suficiente para justificar ese beneficio.

El estudio socio-ambiental realizado por la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal avaló el domicilio de Cristina Kirchner para una eventual prisión domiciliaria, pero la decisión final está en manos del tribunal. Mientras tanto, la senadora Teresa García y otros dirigentes kirchneristas confirmaron la movilización y el acompañamiento a la expresidenta, asegurando que estarán "preparados desde la mañana a acompañarla donde sea".

El caso se da en un contexto de fuerte polarización política y revive tensiones históricas entre el Poder Judicial y sectores políticos. El kirchnerismo denuncia una persecución política y judicial, mientras la oposición y parte de la prensa destacan la solidez del proceso judicial. Diversos actores políticos y sociales expresan preocupación por la estabilidad institucional y el impacto que pueda tener la detención de una figura central de la política argentina.