Jorge Javier Grasso, acusado de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Milagros Basto, fue trasladado recientemente a la cárcel de mujeres de Bouwer, en Córdoba, tras acreditar un cambio de género en su Documento Nacional de Identidad. La decisión, tomada por la fiscalía a cargo de José Bringas, se fundamentó en que Grasso figura como mujer en su DNI desde noviembre de 2024, aunque mantiene su nombre legal.

Grasso fue detenido en Tartagal, Salta, luego de permanecer prófugo durante varios meses. Según fuentes judiciales, intentó evitar su identificación utilizando documentación con género femenino, una maniobra que ya había empleado en otras oportunidades. El traslado a un penal femenino generó controversia, ya que Grasso mantiene apariencia masculina y su situación reavivó el debate sobre los criterios de alojamiento en cárceles según la identidad de género autopercibida.

El caso se agravó tras un episodio de violencia en el penal, donde Grasso se enfrentó con otra interna que también se autopercibe mujer y agredió a una guardiacárcel, quien resultó herida. Las autoridades provinciales evalúan solicitar el traslado de Grasso a una cárcel federal o a un sector específico para personas con identidad de género diversa, ante la preocupación por la seguridad de las internas.

El cuerpo de Milagros Basto, de 22 años, fue hallado en julio de 2025 dentro de un placard en un departamento de Córdoba, donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Grasso, hermano de Jorge Javier y principal acusado por el crimen. La familia de la víctima había denunciado reiteradamente la situación de vulnerabilidad de Milagros y la falta de respuesta de las autoridades.

El caso de Grasso se suma a otros antecedentes en la provincia, donde internos biológicamente masculinos fueron alojados en cárceles de mujeres bajo la ley de identidad de género, generando preocupación por la seguridad y el bienestar de las internas. Funcionarios judiciales y penitenciarios han manifestado la necesidad de revisar los criterios de alojamiento y garantizar tanto los derechos de las personas trans como la protección de las mujeres privadas de libertad. El debate continúa abierto en el ámbito judicial y social, mientras se espera la resolución definitiva sobre el destino carcelario de Grasso.