En medio de una semana marcada por el paro universitario nacional, el Gobierno argentino anunció este miércoles un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes de las universidades nacionales, a aplicarse entre septiembre y noviembre de 2025. Además, se otorgarán sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, asignadas de manera proporcional según la dedicación de cada trabajador.

El anuncio se realizó tras una huelga que afectó a más de 50 universidades y demoró el inicio del segundo cuatrimestre. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, destacó que la medida busca garantizar el funcionamiento y desarrollo de las casas de altos estudios. Según el comunicado oficial, en 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas, y los aumentos salariales siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, los gremios universitarios consideran que la medida es insuficiente y continúan con el plan de lucha. "No hay ningún aumento real. Lo único que acaban de agregar es el bono de $25.000 por única vez, solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las dedicaciones menores", expresó Carlos De Feo, Secretario General de CONADU. Los sindicatos denuncian que los incrementos no recuperan el poder adquisitivo perdido y que no se convocan paritarias desde septiembre de 2024. "Para ganar lo mismo que en noviembre de 2023 necesitaríamos un 45% de aumento", señalaron desde la Asociación Gremial Docente UBA.

El conflicto se da en el contexto de la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de financiamiento universitario, que establece la reapertura de paritarias y la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades y sus instituciones vinculadas. El proyecto espera tratamiento en el Senado, donde la oposición cuenta con mayoría para convertirlo en ley. No obstante, el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier iniciativa que implique nuevas partidas presupuestarias.

Las universidades han sido uno de los sectores más críticos de la gestión actual, con la organización de tres marchas federales en 2024 reclamando presupuesto y salarios. El conflicto podría derivar en nuevas protestas y afectar el normal desarrollo académico en el país.