El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de medidas destinadas a reforzar el déficit cero y limitar la emisión monetaria para financiar el gasto público, en un contexto de fuerte debate político y social. Entre las iniciativas, Milei instruirá por decreto que el Tesoro no pueda recurrir al Banco Central para cubrir el gasto primario y enviará al Congreso un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.

La decisión presidencial se produce en medio de una pulseada con el Congreso, que impulsa proyectos para aumentar el gasto social, como incrementos en jubilaciones, pensiones y bonos, así como la restitución de moratorias previsionales y leyes de emergencia en discapacidad. Según cálculos oficiales y privados, la aplicación de estos paquetes fiscales podría revertir el superávit fiscal alcanzado hasta julio y proyectado para 2025, generando un déficit de entre 0,6 y 1,1 puntos del PBI, lo que equivaldría a unos 4.200 a 5.100 millones de dólares anuales. Este escenario preocupa especialmente al Fondo Monetario Internacional, que exige el mantenimiento del equilibrio fiscal como condición para el apoyo financiero al país.

Economistas y exfuncionarios del Banco Central han expresado opiniones divergentes sobre las medidas. Martín Redrado celebró la institucionalización del equilibrio fiscal y la independencia del Banco Central, aunque advirtió que estas condiciones no son suficientes para garantizar el crecimiento económico inclusivo. "Es central para la Argentina del futuro tener un Banco Central que no emita para financiar al sector público, como ocurría en los años del kirchnerismo", afirmó Redrado. Por su parte, Alejandro Vanoli criticó el enfoque del Gobierno por centrarse exclusivamente en el ajuste fiscal, señalando que la falta de generación de dólares genuinos y la represión del gasto público podrían tener consecuencias negativas a largo plazo, como la desinversión en infraestructura y el deterioro de servicios básicos.

El debate también incluye cuestionamientos jurídicos. Expertos constitucionalistas advierten que algunas de las medidas anunciadas ya están contempladas en la legislación vigente y que penalizar a legisladores por aprobar presupuestos deficitarios podría vulnerar el sistema republicano y los principios de división de poderes. Además, se señala la falta de transparencia en las cifras oficiales y la ausencia de un presupuesto aprobado, lo que dificulta la verificación de datos y prioridades de gasto.

Mientras el Gobierno celebra la estabilidad fiscal y la caída de la inflación, sectores críticos denuncian el costo humano del ajuste, que se ha traducido en pérdida de poder adquisitivo de jubilados y trabajadores, recortes en partidas sociales y aumento de la precariedad laboral. La apertura de importaciones y la reducción de impuestos a grandes empresas han generado preocupación por el impacto en la industria nacional y el empleo.

El futuro de las reformas económicas y fiscales dependerá del resultado de la contienda legislativa y de la capacidad del Gobierno para sostener sus vetos frente a una oposición que busca revertir el ajuste. El FMI observa con atención el desenlace, mientras la sociedad argentina debate entre la necesidad de estabilidad macroeconómica y la protección de los sectores más vulnerables.