Naranja Mandarina, una pequeña empresa de ropa infantil ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, enfrenta una situación crítica tras un fallo judicial que la obliga a pagar una indemnización de $190 millones a un exdistribuidor, además de un embargo de $330 millones que ha paralizado su actividad comercial. El conflicto se originó en 2022, cuando el distribuidor, tras cinco años de relación con la empresa, se consideró despedido y presentó una demanda laboral.

En junio de 2025, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín determinó que el vínculo era laboral y no comercial, fijando inicialmente una indemnización de $14 millones. Sin embargo, la aplicación del fallo “Barrios” de la Suprema Corte bonaerense, que actualiza los créditos laborales, elevó la suma a $190 millones. La medida fue acompañada por un embargo preventivo de $330 millones, bloqueando las cuentas bancarias de la empresa y dejando a Naranja Mandarina al borde del cierre.

Mariana Cademartori, socia mayoritaria de la pyme, expresó su angustia ante la imposibilidad de afrontar semejante suma y la paralización total de la actividad: “No podés cobrar, no podés pagar a proveedores ni a empleados, ni impuestos. Todos los cheques te vuelven, el giro comercial está roto”. La empresaria suspendió la próxima temporada y advirtió que, de no revertirse la situación antes de la feria judicial, la quiebra será inevitable.

El caso ha generado fuerte repercusión política y mediática. La senadora Patricia Bullrich criticó la legislación laboral vigente, calificándola de “ley pensada para la corrupción” y defendió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la reforma busca reducir la incertidumbre y evitar que las pymes enfrenten quiebras por litigios laborales.

El episodio de Naranja Mandarina se suma a otros casos similares, como el del restaurante Piegari, y se produce en un contexto de creciente litigiosidad laboral en Argentina, donde la provincia de Buenos Aires concentra el 39% de los casos. El desenlace del caso dependerá de la decisión de la Suprema Corte bonaerense, mientras la pyme y su comunidad esperan una resolución que permita la continuidad de la empresa.