La Justicia Federal de Chaco inició una investigación preliminar por presunto lavado de dinero contra el pastor Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Cristiana Internacional, tras la inauguración de un megatemplo en Resistencia que contó con la presencia del presidente Javier Milei. El caso cobró notoriedad luego de que el hijo del pastor, Cristian Ledesma, declarara en una entrevista radial que $100.000 guardados en una caja de seguridad aparecieron convertidos en USD 100.000, atribuyendo el hecho a un "milagro".

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos, además de requerir documentación bancaria y contable a la Iglesia Cristiana Internacional. La causa quedó a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger. Según fuentes judiciales, la investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para la construcción del templo, valuado entre 50 y 100 millones de dólares, y evitar que explicaciones sobrenaturales sean aceptadas como justificación patrimonial.

El templo, denominado "Portal del Cielo", tiene capacidad para más de 15.000 personas y fue inaugurado en un evento internacional que incluyó la participación de Milei y la venta de entradas de hasta $100.000. Ledesma, quien sostiene haber financiado la obra con aportes voluntarios de los fieles, deberá ahora demostrar la legalidad y trazabilidad de los fondos ante la justicia y el fisco.

Especialistas en temas tributarios consultados por medios nacionales señalaron que la explicación religiosa no tiene validez ante la administración fiscal, que exige comprobantes y documentación para justificar incrementos patrimoniales. "Tienen que demostrar el origen de los dólares. El milagro no existe para el fisco", afirmó el contador Sebastián Domínguez a Infobae.

El caso generó repercusiones políticas y sociales, con críticas de sectores religiosos y llamados a la transparencia en el financiamiento de organizaciones religiosas. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y podría derivar en sanciones económicas o penales si se comprueba la existencia de maniobras ilícitas. El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre la fiscalización de fondos en entidades religiosas en Argentina.