Investigan presunto plan para atentar contra juez y fiscal: allanaron cárcel de Gualeguaychú
🔴 Desbaratan plan narco para asesinar a juez, fiscal y ministro de Seguridad en Gualeguaychú. Gendarmería allanó la cárcel, secuestró pruebas y se reforzó la protección de funcionarios. Investigación sigue abierta. #Seguridad #Justicia



La Justicia Federal de Gualeguaychú desbarató un presunto plan criminal para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal federal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El operativo se realizó el viernes 21 de febrero en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, tras la denuncia de un interno que reveló detalles sobre la organización del ataque.
Según fuentes judiciales, el presunto autor intelectual del plan es Leonardo Airaldi, un capo narco oriundo de Diamante, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para ejecutar los asesinatos durante las vacaciones de los funcionarios en Punta del Este. Sin embargo, se confirmó que ninguno de los objetivos viajó a Uruguay en esa temporada. El plan incluía la contratación de un tercero y la utilización de métodos para eliminar rastros de los crímenes.
El allanamiento fue ordenado por el fiscal federal Pedro Rebollo y el juez federal Hernán Viri, con la colaboración de Gendarmería Nacional y la Policía de Entre Ríos. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, cocaína y documentación relevante para la causa. El ministro Roncaglia fue informado de inmediato y dispuso medidas de seguridad especiales para los funcionarios y sus familias.
La investigación sobre Airaldi lleva varios años, con causas abiertas en Entre Ríos y Santa Fe, donde se incautaron grandes cantidades de cocaína. El juicio oral contra Airaldi y otros acusados está previsto para los próximos días, con 51 testigos citados para declarar sobre las actividades de la organización narco.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se mantiene en contacto con los funcionarios afectados y las fuerzas federales para garantizar su seguridad. El caso ha generado conmoción en el ámbito judicial y político, evidenciando la capacidad de las organizaciones narco para operar desde el interior del sistema penitenciario. Las investigaciones continúan abiertas debido a la gravedad de los hechos denunciados y el impacto institucional que representan.
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