El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, enfrenta una creciente tensión con la administración nacional debido al recorte de fondos y la paralización de obras públicas. En los últimos días, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó formalmente una reunión con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar la restitución de recursos y la reactivación de más de mil obras abandonadas en el territorio provincial.

La respuesta de Santilli fue irónica y negativa. "Dale Carli, gracias. Tomo nota", escribió el funcionario nacional en redes sociales, y luego, en conferencia de prensa, aclaró que no tiene previsto reunirse con Kicillof debido a que el gobernador no adhirió al Pacto de Mayo ni al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó", afirmó Santilli, marcando una línea divisoria entre los gobernadores aliados y los opositores.

Desde La Plata, el gobierno provincial denuncia un ahogo financiero intencional y sostiene que la quita de fondos comenzó antes de la firma del Pacto de Mayo. El informe oficial calcula una deuda nacional de $12,1 billones, que incluye transferencias impagas, obras públicas paralizadas y programas nacionales discontinuados. "Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses", subrayó Bianco, quien también lamentó la falta de respuesta formal y calificó la actitud de Santilli como una "falta de respeto a la provincia y a los 17 millones de bonaerenses".

El conflicto se da en un contexto de reconfiguración política tras el triunfo de Javier Milei, quien busca respaldo para avanzar con reformas estructurales en el Congreso. Mientras Santilli mantiene reuniones con gobernadores aliados, la exclusión de Buenos Aires de la mesa de diálogo nacional profundiza la grieta política y amenaza con afectar la gobernabilidad y la ejecución de políticas públicas en la provincia más grande del país.

La situación podría escalar en los próximos meses, con consecuencias directas para la administración bonaerense y el desarrollo de obras y programas esenciales para millones de habitantes.