El derrumbe del estacionamiento subterráneo en el complejo habitacional Procrear Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, dejó a 175 familias evacuadas y expuso serias deficiencias en la construcción y el mantenimiento del edificio. El colapso, ocurrido el 3 de marzo a las 4:30 de la madrugada, destruyó más de 60 vehículos y generó una investigación judicial por estrago culposo.

Según un informe técnico de la Oficina de Inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, la losa de 50 por 70 metros que colapsó presentaba desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural. El informe, incorporado al expediente judicial, señala que la sobrecarga de suelo natural sobre la losa y la falta de mantenimiento fueron factores determinantes en el derrumbe. "Tuvimos que salir inmediatamente porque la losa cedida estaba trabajando. Cuando se hace silencio se escuchan ruidos, crujidos, como que se está asentando", relató una de las inspectoras.

El administrador del complejo declaró ante la fiscalía que había realizado al menos siete reclamos formales por filtraciones y fallas estructurales entre 2022 y 2025, sin obtener respuestas satisfactorias de la constructora COSUD ni del Banco Hipotecario, responsable del fideicomiso. Los vecinos, preocupados por el deterioro progresivo, contrataron informes independientes que advertían sobre el agravamiento de las filtraciones. "De todas las asambleas tengo las actas y grabaciones disponibles", afirmó el encargado, quien aportó el material a la fiscalía.

Tras el derrumbe, las familias afectadas fueron alojadas en hoteles del centro porteño, donde algunas denuncian condiciones de hacinamiento y falta de información sobre su futuro. La situación motivó una convocatoria vecinal a una manifestación pacífica y un abrazo simbólico al edificio para exigir justicia y respuestas a las autoridades y a la empresa constructora.

La fiscal María del Rosario Salvetici, a cargo de la investigación, continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en torno al siniestro. El caso reaviva el debate sobre la calidad de la obra pública y la necesidad de controles más estrictos en la habilitación y el mantenimiento de viviendas sociales.