A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, organismos de derechos humanos y referentes sociales advierten sobre un marcado retroceso en la vigencia de derechos fundamentales en Argentina. Según el informe anual de Amnistía Internacional, el país enfrenta un "deterioro acelerado y multidimensional" de los derechos humanos, resultado de un modelo de gobierno que prioriza el control social y la represión por sobre la protección y promoción de derechos.

El informe, titulado “Retos en derechos: a dos años de gestión de Milei”, señala que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. Las áreas más afectadas por los recortes fueron salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social, mientras que las partidas destinadas a seguridad e inteligencia registraron incrementos o reducciones mucho menores. "El Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger", afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Además, el reporte denuncia el aumento de la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, lo que configura un clima de creciente restricción del espacio cívico. Según datos de organismos y denuncias públicas, más de 2500 personas resultaron heridas en el marco de protestas y manifestaciones durante este período.

El debilitamiento institucional es otro de los puntos señalados, con la persistente vacancia en cargos clave como el Defensor del Pueblo, vacante desde 2009, y acefalías en otros organismos de control. Voces académicas y sociales, reunidas en espacios de debate como la “Tertulia de Viernes” de Radio UNR, coincidieron en la necesidad de sostener el compromiso colectivo y el debate democrático para evitar la pérdida de conquistas históricas.

El informe de Amnistía Internacional también aborda desafíos como el aumento de la pobreza, la situación de las personas mayores, las restricciones a la libertad de expresión, la violencia de género y la crisis climática, entre otros. La lectura general es de preocupación por el rumbo adoptado y el impacto sobre los sectores más vulnerables, en un contexto de polarización y creciente tensión social. Las perspectivas futuras dependen, según los especialistas, de la capacidad de la sociedad para sostener el debate público y la defensa activa de los derechos humanos.