El reciente caso de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras un extenso proceso judicial, ha reavivado el debate sobre la legalización de la muerte asistida en Argentina. Castillo, que quedó parapléjica luego de un intento de suicidio tras una agresión sexual, solicitó la eutanasia en España, donde la práctica es legal desde 2021 bajo estrictas condiciones. Su caso, que incluyó la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, generó repercusión internacional y renovó la discusión en la sociedad argentina.

En Argentina, la eutanasia y el suicidio asistido no son legales. Sin embargo, desde 2012 rige la Ley 26.742 de "muerte digna", que permite a pacientes con enfermedades terminales o irreversibles rechazar tratamientos médicos que solo prolongan el sufrimiento. Esta normativa, aunque pionera en la región, no habilita acciones destinadas a provocar activamente la muerte del paciente.

Actualmente, existen cuatro proyectos de ley en el Congreso argentino que buscan regular la eutanasia y el suicidio asistido. Entre los autores se encuentran legisladores de distintos partidos, lo que refleja un apoyo transversal. Los proyectos establecen requisitos como mayoría de edad, consentimiento informado y la intervención de equipos interdisciplinarios para evaluar cada caso. Además, contemplan la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

El debate en Argentina enfrenta posturas diversas. Mientras que encuestas recientes muestran que entre el 76% y el 79% de la sociedad apoya la legalización de la eutanasia en casos médicos extremos, sectores religiosos y algunos especialistas sostienen que la respuesta debe ser el fortalecimiento de los cuidados paliativos. El Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal han reiterado su rechazo, citando al Papa Francisco: "La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos".

Por otro lado, defensores de la legalización argumentan que se trata de un tema de salud pública y derechos humanos, y advierten sobre la existencia de prácticas clandestinas que ponen en riesgo a los pacientes más vulnerables. También señalan que el acceso a cuidados paliativos en Argentina es limitado, con menos del 20% de cobertura efectiva, lo que agrava la situación de quienes sufren enfermedades incurables.

El caso uruguayo, donde la eutanasia fue legalizada en 2025, es visto como un antecedente relevante en la región y podría influir en el debate argentino. Sin embargo, especialistas advierten que cada sociedad tiene sus propios tiempos y desafíos, y que la discusión debe darse de manera prudente y responsable. El futuro del debate en Argentina dependerá de la capacidad del Congreso para avanzar en la discusión y de la preparación del sistema de salud para responder a una eventual demanda social creciente.