El caso $LIBRA, la criptomoneda que prometía impulsar emprendimientos en Argentina, se ha convertido en el centro de una investigación judicial internacional que involucra a figuras políticas y empresarios del sector cripto. Hayden Davis, desarrollador estadounidense del token, admitió recientemente ante la justicia de Estados Unidos que $LIBRA era una memecoin de carácter puramente especulativo, contradiciendo versiones iniciales que la presentaban como una herramienta de inversión con fines sociales.

La causa tomó un giro inesperado cuando se reveló que Davis realizó transferencias millonarias poco antes de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Una de estas transferencias, por u$s507.000, está bajo la lupa de la justicia argentina, que intenta determinar el destino de los fondos y su posible vinculación con el entorno presidencial. Además, se detectaron movimientos de dinero hacia cuentas vinculadas a Kelsier Ventures, la firma de Davis, y a otros actores del ecosistema cripto local.

En paralelo, una demanda colectiva en los tribunales de Nueva York acusa a Milei de haber realizado una "promoción altamente engañosa" del token, dándole una apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental. Según los demandantes, más de 40.000 inversores habrían perdido más de 280 millones de dólares tras el colapso de $LIBRA. Los abogados estadounidenses insisten en mantener congelados más de 57 millones de dólares en activos digitales, argumentando el riesgo de que los fondos sean transferidos fuera del alcance judicial.

El Congreso argentino, por su parte, busca reactivar la comisión investigadora, actualmente paralizada por disputas políticas internas. Legisladores opositores reclaman que la Oficina Anticorrupción reabra su investigación, mientras que el oficialismo sostiene que Milei no tenía conocimiento de los detalles del proyecto y que no existe responsabilidad directa del presidente en las pérdidas sufridas por los inversores.

La próxima audiencia clave en Estados Unidos está prevista para el 19 de agosto, donde se decidirá el futuro de los fondos congelados y la posible ampliación de la demanda. El caso $LIBRA sigue generando repercusiones políticas y judiciales, y podría tener consecuencias de largo alcance tanto en Argentina como en el exterior.