La entrega de 160 viviendas del complejo Sagol en Avellaneda a agentes de las fuerzas federales, realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desató una fuerte polémica en la ciudad bonaerense. Las unidades habitacionales, construidas bajo el programa Procrear y ya adjudicadas a familias locales mediante sorteo, fueron reasignadas en un acto reservado, sin convocatoria pública ni acceso a los medios de comunicación.

El operativo, encabezado por la ministra Patricia Bullrich y su equipo, incluyó un importante despliegue policial que impidió el ingreso de los adjudicatarios originales, quienes se enteraron del evento a último momento. "Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada", relató una de las damnificadas. Las familias, que esperaban la entrega de sus viviendas desde 2023, denunciaron la falta de información y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades nacionales y provinciales.

El Ministerio de Economía, por su parte, oficializó la disolución del Procrear y la transferencia de bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en el marco de la liquidación del fondo fiduciario del programa. La medida fue respaldada por una resolución publicada en el Boletín Oficial, que también faculta al Banco Hipotecario a gestionar los créditos vigentes.

En el Concejo Deliberante de Avellaneda, el bloque oficialista y la oposición expresaron su repudio a la entrega de las viviendas y a la disolución del Procrear. El concejal Luca Bertolotto calificó la acción como una "falta de institucionalidad" y una vulneración de los derechos de las familias adjudicatarias. "Se les cerró la línea de diálogo, se les negó información y no recibieron respuestas durante más de un año", afirmó.

Desde el gobierno nacional, Patricia Bullrich defendió la decisión como una "devolución" a quienes garantizan la seguridad, y criticó la gestión anterior del programa, señalando supuestos beneficios a "amigos de la política" y alquileres turísticos. Sin embargo, las familias afectadas continúan reclamando explicaciones y evalúan acciones legales para revertir la medida.

El caso del complejo Sagol se suma a la preocupación por el futuro de otras 1700 viviendas en Avellaneda, en distintos grados de ejecución bajo el extinto Procrear. La controversia pone en debate el acceso a la vivienda y la transparencia en la gestión de políticas públicas en el país.