La economía argentina experimenta en 2026 una reconfiguración profunda impulsada por el gobierno de Javier Milei, que apuesta a un modelo basado en la exportación de agro, minería y energía. El Ejecutivo ha implementado una serie de reformas estructurales, entre ellas la reducción permanente de retenciones al agro, incentivos a grandes inversiones y una reforma laboral orientada a flexibilizar el mercado de trabajo. Estas medidas, junto con la aprobación de la Ley Bases y la reforma de la ley de glaciares, buscan consolidar un esquema productivo centrado en la Pampa Húmeda, el corredor minero del norte y la Patagonia energética.

Los resultados económicos muestran señales mixtas. Por un lado, las exportaciones agroindustriales y mineras alcanzaron cifras récord en 2025, con 115,4 millones de toneladas y US$ 6.037 millones respectivamente. La inflación, que había superado el 200% anual en 2023, se proyecta en torno al 30% para 2026, mientras que la pobreza muestra una tendencia a la baja. El gobierno logró un superávit fiscal tras más de una década de déficit, recortando el gasto público en un 5% del PBI y proyectando un crecimiento económico del 3,6% para este año.

Sin embargo, el impacto en el mercado laboral y el consumo interno genera preocupación. Sectores como la industria manufacturera, el comercio y la minería registraron una pérdida significativa de empleos formales en 2025, sumando casi 60.000 puestos menos. La capacidad industrial ociosa se mantiene alta, los salarios reales acumulan varios meses de caída y el consumo de carne vacuna se ubica en mínimos históricos. El presidente Milei insiste en mantener el equilibrio fiscal y advierte que "la motosierra sigue encendida", mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, pide paciencia y promete que "los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas".

El nuevo esquema de formación de precios, marcado por una mayor competencia y márgenes empresariales ajustados, refleja el cambio estructural en la economía. El desafío central para el gobierno será lograr que el crecimiento exportador se traduzca en mejoras para el empleo y el consumo interno, en un contexto de fragilidad política y social. Analistas y sectores productivos coinciden en que la sostenibilidad del modelo dependerá de la capacidad de generar consensos y evitar retrocesos que puedan poner en riesgo los avances alcanzados.