El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México como una organización terrorista, en una medida que refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La decisión, anunciada el 26 de marzo de 2026, implica la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

Según el comunicado oficial, la medida se fundamenta en informes que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas. Esta acción permite la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción del grupo y sus miembros, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

El CJNG, surgido en 2010 tras una escisión del Cártel de Sinaloa, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con operaciones en México, Estados Unidos y al menos 40 países, incluida Argentina. En el país sudamericano, investigaciones judiciales y policiales han detectado operaciones de lavado de dinero, uso de puertos para el tráfico de drogas y vínculos con bandas locales para facilitar la logística de los cargamentos.

La declaración argentina sigue la línea adoptada por Estados Unidos en 2025, bajo la administración de Donald Trump, que también designó al CJNG como organización terrorista. El gobierno de Milei ya había tomado medidas similares con otros grupos señalados por Washington, como Hamás, la Fuerza Quds iraní y el Cártel de los Soles.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y líder del CJNG, en febrero de 2026 durante un operativo militar en México, marcó un punto de inflexión en la estructura del cartel, que enfrenta ahora un proceso de reacomodamiento interno.

Autoridades argentinas subrayan que la decisión refuerza el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y fortalece la cooperación con naciones que comparten la misma política. Analistas consideran que la medida busca limitar la influencia del narcotráfico internacional en Argentina y proteger la integridad del sistema financiero nacional, en un contexto de creciente preocupación por la expansión de organizaciones criminales transnacionales.