El Gobierno argentino impulsa una reforma a la Ley de Glaciares que ha generado un fuerte debate en el Senado y en la sociedad civil. El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable en comisiones, propone restringir la protección legal solo a aquellos glaciares que cumplan una "función hídrica efectiva y estratégica", permitiendo así el desarrollo de proyectos mineros y de hidrocarburos en áreas actualmente protegidas.

El oficialismo sostiene que la ley vigente, sancionada en 2010, genera inseguridad jurídica y paraliza inversiones clave para el desarrollo económico, especialmente en provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde la minería de cobre y litio es vista como una oportunidad para generar divisas. Según fuentes legislativas, la reforma busca respetar el federalismo y la autonomía provincial sobre los recursos naturales, permitiendo que cada jurisdicción decida qué glaciares proteger.

Sin embargo, la iniciativa ha recibido un amplio rechazo de organizaciones ambientales, científicos y figuras públicas, quienes advierten que la reforma representa un "grave retroceso ambiental" y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país. Entre los críticos se encuentran juristas, investigadores del CONICET y referentes de la cultura, quienes han firmado solicitadas y participado en audiencias públicas para defender la ley actual.

Durante el plenario de comisiones, especialistas advirtieron que la reforma debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental y desplaza a la ciencia del proceso de toma de decisiones. "Esta reforma tiene nombre y apellido: es la reforma Barrick Gold", afirmó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Por su parte, Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, alertó que el proyecto abriría una etapa de alta conflictividad judicial y social.

El debate se da en un contexto de crisis climática y creciente estrés hídrico, donde la protección de los glaciares es vista como fundamental para la seguridad hídrica de las poblaciones. El fallo de la Corte Suprema de 2019 ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, estableciendo que la protección de los glaciares es un presupuesto mínimo válido para todo el país.

La reforma será debatida en el recinto del Senado en febrero de 2026. Mientras tanto, la sociedad civil y sectores de la oposición continúan movilizándose para impedir lo que consideran un retroceso en la protección ambiental y la conservación de los recursos hídricos estratégicos.