El estado de las rutas nacionales argentinas se ha convertido en un foco de conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias, especialmente Santa Fe. Según datos oficiales, en 2024 solo se pavimentó el 24% de los kilómetros previstos, con una ejecución presupuestaria del 47%. Esta situación llevó a que provincias como Santa Fe colocaran carteles en las rutas nacionales para advertir sobre el mal estado de las mismas y deslindar responsabilidades ante posibles accidentes.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, denunciaron el "abandono" de las rutas por parte del Estado nacional y advirtieron sobre el riesgo de accidentes y futuras denuncias penales. Enrico señaló que la provincia debió aportar materiales y fondos propios para bachear tramos críticos, mientras que Pullaro reclamó la cesión de las rutas nacionales para que la provincia pueda hacerse cargo de su mantenimiento.

En paralelo, el Gobierno nacional disolvió por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional. El presidente Javier Milei defendió la medida y ratificó su plan de concesionar el 20% de las rutas más transitadas, mientras que el resto será tercerizado. "La gestión de las rutas las puede hacer el sector privado sin ningún problema", afirmó Milei, quien también justificó la reducción de fondos en el marco de su política de déficit cero.

La Cámara Argentina de la Construcción advirtió que siete de cada diez rutas nacionales están en mal o regular estado y expresó su preocupación por la eliminación de Vialidad Nacional, señalando que esto afecta la capacidad del Estado para planificar y controlar obras viales. Empresarios y gobernadores coinciden en que la inversión actual es insuficiente y que el deterioro de la red vial impacta en la producción, la logística y la seguridad de los ciudadanos.

El conflicto se agrava por la falta de ejecución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que según las provincias no se están destinando a obras viales. Mientras tanto, la administración nacional sostiene que el problema del estado de las rutas es de larga data y que el nuevo esquema de concesiones permitirá una gestión más eficiente. Sin embargo, las provincias insisten en la necesidad de una mayor inversión y en la urgencia de revertir el deterioro para evitar consecuencias sociales y jurídicas.