En la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial dio inicio a las negociaciones paritarias 2026 con los principales gremios estatales, en un contexto marcado por la tensión salarial y la presión inflacionaria. La primera ronda de reuniones, encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y el ministro de Educación, José Goity, reunió a representantes de los gremios UPCN, ATE, AMRA, SIPRUS, AMSAFE y SADOP, quienes plantearon la urgente necesidad de recomponer el poder adquisitivo perdido durante el último año.

Durante el encuentro, el gobierno provincial se comprometió a compensar el desfasaje salarial pendiente del último bimestre de 2025, estimado en un 3%, y a discutir una política salarial porcentual a partir de enero de 2026. "Este punto fue considerado prioritario por nuestra entidad sindical, en función de la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras", remarcó Jorge Molina, secretario general de UPCN.

Por su parte, los gremios docentes, representados por AMSAFE y SADOP, reclamaron un aumento del 33% para equiparar la inflación acumulada y la implementación de cláusulas de revisión periódica. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, advirtió: "Estamos perdiendo contra la inflación y quedando debajo de la línea de la pobreza. Pedimos un aumento del 33% y que los jubilados lo perciban de manera simultánea". Pedro Bayúgar, de SADOP, cuestionó la falta de una propuesta concreta y señaló que "los docentes se sienten extorsionados con el presentismo y hay una política de ajuste en las juntas médicas, sin contemplar la salud y la salud mental".

El gobierno, por su parte, reconoció las dificultades del contexto macroeconómico y la caída de transferencias nacionales, que han impactado en la provisión de insumos médicos y medicamentos. Guillermo Álvarez, secretario de Administración del Ministerio de Salud, destacó el esfuerzo provincial para sostener el sistema de salud y la regularización de más de 1.800 profesionales en 2025.

En paralelo, el conflicto policial se mantiene como un tema aparte, con el gobierno anunciando una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad, fijando el salario básico policial en $1.350.000. Esta medida busca descomprimir la protesta policial, pero no será aplicada al resto de los empleados públicos.

Las negociaciones continuarán la próxima semana, con la expectativa de que el gobierno presente una propuesta concreta antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo. Mientras tanto, los gremios mantienen su reclamo por la recuperación del poder adquisitivo y la protección de los sectores más vulnerables dentro de la administración pública.