El empresario Lázaro Báez fue trasladado este miércoles desde su prisión domiciliaria en El Calafate a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, donde deberá cumplir el resto de su condena de 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 4, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia.

Báez, quien había estado bajo arresto domiciliario durante casi un año en una lujosa vivienda frente al Lago Argentino, fue escoltado por personal de Gendarmería Nacional hasta la cárcel de mediana seguridad de Río Gallegos. El traslado se realizó de manera discreta y sin incidentes, según informaron fuentes judiciales y medios locales.

La defensa del empresario, encabezada por el abogado Juan Villanueva, argumentó que la condena ya estaba prácticamente cumplida y solicitó que Báez continuara en prisión domiciliaria. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido, señalando que las prisiones preventivas de distintas causas no pueden unificarse, ya que corresponden a hechos diferentes y dictadas en momentos distintos. “La actual postura de la defensa no presenta ningún elemento novedoso que imponga a este Tribunal apartarse de los criterios ya sostenidos”, afirmaron los jueces en su resolución.

El fiscal federal Abel Córdoba había solicitado el traslado inmediato de Báez a una cárcel común, considerando que aún le resta cumplir más de seis años de condena. La defensa podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El caso de Lázaro Báez forma parte de una serie de causas judiciales que involucran a exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo. La Corte Suprema también dejó firme recientemente la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”. El traslado de Báez a prisión común marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos de la Argentina, con repercusiones políticas y sociales que continúan generando debate.