El Gobierno argentino atraviesa una crisis política tras la filtración de audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en presuntas maniobras de corrupción. La revelación de estos audios generó un fuerte impacto en la administración de Javier Milei, que inicialmente optó por el silencio y la cautela, pero en los últimos días endureció su discurso y anunció acciones judiciales contra Spagnuolo.

El presidente Milei, durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, rompió el silencio y declaró ante los medios: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió". Esta declaración se produjo en medio de un clima de tensión, con manifestantes y familiares de personas con discapacidad protestando por la falta de medicamentos y apoyo estatal. La caravana presidencial terminó abruptamente tras incidentes con manifestantes, lo que derivó en acusaciones cruzadas de violencia entre el oficialismo y sectores opositores.

En paralelo, el Gobierno inició una auditoría interna en la ANDIS, que arrojó como primer resultado la detección de sobreprecios del 27% en la compra de medicamentos, aunque fuentes oficiales relativizan la contundencia de esta prueba y señalan que se esperan datos más concluyentes en los próximos días. La intervención del organismo está a cargo de Alejandro Vilches, con apoyo del Ministerio de Salud.

El caso se da en el contexto de la campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires, lo que ha incrementado la presión sobre el oficialismo. Spagnuolo, quien fue una figura cercana a Milei, enfrenta ahora el rechazo del Gobierno, que busca despegarse de su figura y responsabilizarlo por las irregularidades. Sin embargo, la estrategia judicial del Ejecutivo ha sido calificada como confusa y errática por algunos analistas, debido a la dificultad de utilizar audios editados como prueba legítima en la Justicia.

Las reacciones han sido diversas: mientras Milei y sus funcionarios denuncian una "operación política" y responsabilizan al kirchnerismo por los incidentes, familiares de personas con discapacidad expresan su indignación por la falta de atención y recursos. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, llamó a la paz y rechazó la violencia, subrayando la necesidad de respeto democrático.

El desenlace del caso dependerá de los avances en la auditoría y de la decisión judicial sobre la validez de las pruebas presentadas. El Gobierno, por su parte, insiste en que colaborará con la Justicia y espera que el proceso permita esclarecer los hechos, en un contexto de alta polarización política y social.