La Justicia federal resolvió que el fuero Contencioso Administrativo Federal será el encargado de tratar la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley de Modernización Laboral, desplazando así a la Justicia Nacional del Trabajo, que había suspendido de manera provisoria más de 80 artículos de la norma. La decisión, adoptada por la jueza Macarena Marra Giménez, representa un revés para la central sindical, que buscaba mantener la causa en el fuero laboral, considerado más especializado y favorable a los trabajadores.

La resolución se apoya en el artículo 79 de la Ley 27.802, que establece la competencia federal en casos donde el Estado Nacional es parte demandada. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, había solicitado la inhibitoria del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, argumentando que la controversia debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal. La jueza Marra Giménez coincidió con este planteo y ordenó remitir el expediente al fuero correspondiente.

La CGT, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de numerosos artículos de la reforma laboral, alegando que vulneran derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Nacional. Entre los puntos más controvertidos se encuentran el nuevo cálculo de indemnizaciones, la creación de un fondo de cese laboral, la extensión del período de prueba y la derogación de la ley de teletrabajo.

El juez laboral Raúl Ojeda había dictado una medida cautelar que suspendía la aplicación de estos artículos hasta que se resolviera el fondo del planteo. Sin embargo, con la nueva resolución, la competencia pasa al fuero federal, lo que podría modificar el curso del proceso judicial. El Gobierno celebró la decisión, considerándola un paso clave para sostener la reforma, mientras que la CGT anticipó que apelará el fallo y continuará su estrategia judicial.

El debate sobre la competencia judicial refleja la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos en torno a la protección de los derechos laborales. Además, el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, previsto en la reforma, suma un nuevo elemento de controversia. El destino final de la ley podría definirse en la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma y el alcance de los derechos laborales en la Argentina.