El empresario Marcelo Porcel, reconocido en los sectores inmobiliario y agropecuario, enfrenta una investigación judicial por presuntos abusos cometidos contra al menos diez menores, compañeros de colegio de su hijo en el Colegio Palermo Chico de Buenos Aires. Las denuncias, que comenzaron a acumularse desde mediados de 2024, describen un patrón de reuniones organizadas por Porcel en su domicilio, en un departamento de su madre en Puerto Madero y en sus oficinas, donde los adolescentes eran incentivados a consumir alcohol y participar en apuestas en línea.

Según los testimonios recogidos en la causa, Porcel, apodado “el capitán”, ofrecía premios como figuritas, transferencias de dinero y efectivo para apostar, incluso a menores con problemas de ludopatía. Las acusaciones incluyen situaciones de contacto físico, registros audiovisuales de menores en ropa interior y propuestas de índole sexual. Uno de los episodios más graves relatados es el ofrecimiento de dinero a cambio de que los adolescentes recorrieran en calzoncillos la mesa del despacho del acusado, hecho del que se sospecha existe evidencia en video.

El colegio Palermo Chico, tras la repercusión pública del caso, decidió desvincular a la familia Porcel y activó los protocolos de protección, notificando a las autoridades educativas y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “El cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional”, expresó la dirección en un comunicado a la comunidad educativa.

La investigación judicial, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 y la fiscalía de Pablo Turano, avanza bajo secreto de sumario. Se secuestraron computadoras y teléfonos para peritaje, y las víctimas prestaron declaración en Cámara Gesell. El abogado de las familias, Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la detención de Porcel, pero hasta el momento solo se dictaron restricciones cautelares, incluyendo la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas y la exclusión del colegio y el club GEBA.

Pese a la gravedad de las denuncias, la Justicia autorizó a Porcel a salir del país hasta el 5 de enero, decisión que generó críticas de la querella. La indagatoria fue demorada por la incorporación de nuevas víctimas, mientras la causa sigue sumando pruebas y testimonios. El caso ha generado fuerte preocupación en la comunidad educativa y pone en debate la respuesta institucional y judicial ante denuncias de abuso infantil.