El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley que amplía y simplifica el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. La iniciativa eleva el umbral de ingresos y patrimonio a $10.000 millones, permitiendo la adhesión de contribuyentes con inversiones en el exterior y eliminando restricciones previas que excluían a quienes poseían rentas de fuente extranjera.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de proponer la declaración jurada de Ganancias, que los contribuyentes podrán aceptar para obtener un efecto liberatorio del impuesto. "El proyecto de ley que introduce el denominado Principio de Inocencia Fiscal representa, sin lugar a dudas, un viraje conceptual y operativo en el sistema tributario argentino", señalaron desde el Estudio Santamaría Abogados. Sin embargo, la exclusión de grandes contribuyentes se mantiene, y la adhesión al régimen es optativa.

Hasta el momento, catorce provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han firmado convenios para implementar el nuevo sistema, lo que permitirá un tratamiento fiscal más uniforme y facilitará la repatriación de dólares no declarados. El acuerdo implica que las provincias renuncian a ciertos controles sobre consumos e ingresos, concentrando la información en ARCA.

El régimen no debe confundirse con un blanqueo de capitales, ya que no otorga amnistía generalizada ni libera de sanciones por incumplimientos previos. "Este régimen te ofrece una presunción de inocencia por la cual, una vez presentada la declaración jurada conforme a lo que propone ARCA, se asume que las declaraciones juradas de IVA y Ganancias están todas bien", explicó Fernanda Laiún, socia de LFS Tax. No obstante, si se detectan discrepancias significativas, ARCA podrá fiscalizar períodos anteriores y aplicar sanciones.

La medida ha generado debate entre especialistas y gobernadores. Mientras el Gobierno resalta la transparencia y la libertad para usar el dinero propio, algunos analistas advierten que la simplificación puede beneficiar a quienes poseen grandes sumas no declaradas. Además, la migración de monotributistas al nuevo régimen implica mayores costos y trámites, lo que podría limitar su atractivo para pequeños contribuyentes. En este contexto, la reforma se presenta como un paso hacia la modernización fiscal, aunque persisten interrogantes sobre su impacto en la equidad y el control tributario.