El sistema universitario argentino atraviesa una nueva jornada de paro nacional de 48 horas, convocada por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) y otros gremios, en reclamo por la situación presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La medida, que afecta a universidades públicas de todo el país, incluye la suspensión de clases, movilizaciones y clases públicas para visibilizar el conflicto.

La protesta se desarrolla en un contexto de tensión con el Gobierno nacional, que desde octubre de 2025 decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso. Según los gremios, los docentes universitarios han perdido un 52,1% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, motivo por el cual exigen una recomposición salarial urgente y el cumplimiento de la ley.

El conflicto se trasladó también al ámbito judicial, ya que la causa por la aplicación de la ley se encuentra en la Corte Suprema. El Gobierno, por su parte, analiza alternativas para evitar una resolución judicial desfavorable, entre ellas la transferencia de fondos para la recomposición salarial correspondiente a 2025, aunque esta propuesta excluye la pérdida acumulada en los años anteriores. "La principal preocupación oficial es el costo económico de una derrota judicial", señalaron fuentes oficiales, estimando que un fallo adverso podría obligar al Estado a transferir alrededor de $2,5 billones al sistema universitario.

Mientras tanto, los gremios docentes mantienen su plan de lucha y denuncian lo que consideran un "chantaje" por parte del Gobierno, exigiendo la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento de los acuerdos salariales y de becas previstos en la ley. Las jornadas de paro incluyen también la participación en movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos y actividades de visibilización en distintas universidades.

Hasta el momento, no hay fecha confirmada para una nueva reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, aunque las conversaciones continúan. El reclamo docente abarca también la actualización de becas estudiantiles y fondos para hospitales universitarios, en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento del sistema público de educación superior. El desenlace del conflicto dependerá en gran medida de la resolución judicial y de la capacidad de las partes para alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de las actividades académicas y el sostenimiento de las universidades públicas.