El gobierno de Santiago del Estero anunció un paquete de medidas salariales y sociales que impactará a miles de trabajadores estatales y beneficiarios de programas sociales durante 2026. El gobernador Elías Suárez confirmó un aumento del 42,4% en el sueldo básico de la administración pública provincial, efectivo desde febrero, lo que sitúa el piso salarial en $1.130.000, superando en un 10% la inflación interanual informada por el INDEC.

Además, se estableció la continuidad de un esquema de bonos extraordinarios, que incluye un bono escolar de $280.000 por hijo para trabajadores estatales, cifra que supera a la anunciada por otras provincias como La Rioja. El cronograma de pagos contempla también un bono de inicio de clases de $250.000, un bono por el Día del Trabajador, un bono aguinaldo en dos cuotas de $500.000 cada una y un bono de fin de año en tres tramos de $700.000, sumando un total de $3.820.000 adicionales a lo largo del año.

Las autoridades provinciales destacaron que estos bonos representan ingresos directos al bolsillo de los trabajadores, sin descuentos ni intervención de sistemas financieros. "Es un ingreso que va íntegramente al bolsillo del trabajador", enfatizó el gobernador Suárez, quien también remarcó el esfuerzo presupuestario realizado para sostener estas medidas.

En paralelo, se anunciaron incrementos en los montos de las Tarjetas Sociales, que pasarán de $52.000 a $74.000, en los Planes de Emergencia, que subirán de $70.000 a $100.000, y en la ayuda para personas con celiaquía, que aumentará de $25.500 a $37.000. Estas medidas, según el jefe de Gabinete Víctor Araujo y la ministra de Justicia Matilde O’Mill, buscan neutralizar el impacto inflacionario y atender las demandas de los sectores más vulnerables.

El paquete de medidas fue acordado en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo con representantes gremiales y replica el esquema implementado en 2025 bajo la gestión de Gerardo Zamora. Santiago del Estero se posiciona así como una de las provincias con mayor inversión en ayudas estatales, en un contexto de alta inflación y competencia con otras jurisdicciones por el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y la protección social.