El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas hídricas en la Cordillera de los Andes. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone descentralizar el control sobre los glaciares, permitiendo que las provincias sean las encargadas de decidir qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y cuáles pueden ser explotados, especialmente en el contexto de la actividad minera.

La iniciativa ha generado posiciones encontradas. Por un lado, la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) expresó su respaldo a la reforma, argumentando que la ley vigente presenta "imprecisiones y vacíos conceptuales" que dificultan tanto la protección efectiva de los glaciares como la seguridad jurídica para las inversiones. "Precisar y delimitar los alcances de la norma tornará más eficaz la tutela ambiental y el bien que se pretende proteger", señalaron desde la entidad, subrayando la importancia de compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental.

En contraste, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que la reforma podría significar un retroceso en la protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua. Según el Inventario Nacional de Glaciares, en las últimas tres décadas estos cuerpos de hielo han perdido el 42% de su superficie y alimentan alrededor del 40% de las cuencas hídricas del país. "La decisión del Congreso definirá el futuro hídrico de la Argentina", alertó Greenpeace en un comunicado.

El debate legislativo se da en un contexto de negociaciones políticas más amplias, donde la reforma de la Ley de Glaciares se utiliza como moneda de cambio para obtener apoyos en otras iniciativas, como la reforma laboral. Gobernadores de provincias mineras, como San Juan y Mendoza, buscan mayor autonomía sobre sus recursos naturales, mientras que los legisladores muestran posturas divididas, especialmente dentro del peronismo sanjuanino.

El proyecto de reforma establece que solo los glaciares con función hídrica comprobada serán protegidos y que las provincias tendrán la última palabra en la evaluación de impacto ambiental. Además, se mantiene la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural de los glaciares, pero la determinación de qué constituye una alteración relevante quedará en manos de las autoridades provinciales.

El resultado de este debate será determinante para el futuro de la gestión del agua y el desarrollo productivo en las regiones cordilleranas, en un país que enfrenta crecientes desafíos ambientales y económicos.