El fallecimiento de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, conmocionó a la sociedad argentina y reavivó el debate sobre la protección de menores y el funcionamiento del sistema judicial. La autopsia confirmó que el menor presentaba múltiples traumatismos en la cabeza, lo que llevó a la detención e imputación de la madre biológica y su pareja por homicidio agravado.

La polémica se intensificó tras las declaraciones de Cinthia Fernández, mediática y pareja del abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna. Fernández, visiblemente afectada, criticó duramente a la Justicia y a las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños. "Ángel pagó por cuestiones de género, por la condición de hombre de su papá", afirmó, señalando que la decisión judicial de apartar al niño de su padre y madrastra en noviembre de 2025 fue un error fatal.

Fernández denunció fallas estructurales en el sistema judicial, cuestionando los criterios de género en la asignación de tenencias y la falta de seguimiento de los casos. "Le dan a los chicos a quien sea, solo porque consideran que una mujer va a cuidar mucho mejor que un hombre. Hay mujeres malas, hay hombres malos, hay madres buenas, hay padres buenos", sostuvo. Además, pidió penas ejemplares para los responsables y, en declaraciones públicas, llegó a solicitar la pena de muerte en casos "irreversibles" como el de Ángel.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y movilizó a familiares y allegados, quienes reclaman justicia y cambios profundos en el sistema de protección de menores. El debate recuerda al caso de Lucio Dupuy y pone en el centro la necesidad de revisar los criterios judiciales y fortalecer los mecanismos de control institucional.

Mientras la investigación avanza y la sociedad exige respuestas, el caso de Ángel López se convierte en un símbolo de las falencias del sistema y la urgencia de reformas para evitar nuevas tragedias.