Jueces federales argentinos, entre ellos Mariano Borinsky, han sido objeto de amenazas y campañas de hostigamiento en redes sociales tras la confirmación de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Daniel Petrone, expresó su solidaridad con Borinsky y repudió los hechos, que incluyeron mensajes antisemitas, comparaciones con el nazismo y amenazas de violencia extrema.

Las intimidaciones se difundieron principalmente a través de la red social X (ex Twitter), desde cuentas aún no identificadas. Entre las publicaciones se encontraron asociaciones visuales y textuales con amenazas del régimen iraní y estereotipos antisemitas históricos. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante y denunció los hechos ante la justicia federal, señalando que constituyen delitos de amenazas, apología del delito y violación de la ley antidiscriminatoria.

El juez Carlos Mahiques también fue amenazado, y en su ciudad natal, Mercedes, aparecieron carteles intimidatorios dirigidos a él y a sus hijos, ambos funcionarios judiciales. Además, miembros de la Corte Suprema, como Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, fueron blanco de insultos y amenazas tanto en redes sociales como en manifestaciones públicas. Cristina Kirchner y otros referentes políticos realizaron declaraciones descalificatorias contra los jueces, mientras que sectores kirchneristas impulsaron nuevos pedidos de juicio político.

La Cámara Federal de Casación Penal citó a la Organización de las Naciones Unidas, advirtiendo sobre el impacto negativo de los discursos de odio y la intolerancia, especialmente amplificados por las nuevas tecnologías. El clima de tensión entre el Poder Judicial y sectores políticos se ha intensificado tras fallos judiciales de alto impacto, generando preocupación por la seguridad de los magistrados y la integridad institucional. Organismos como la DAIA y la ONU han alertado sobre el aumento del antisemitismo y la retórica divisoria en la sociedad argentina, subrayando la necesidad de medidas para proteger a los funcionarios judiciales y preservar la paz social.