Un megaoperativo sin precedentes se desplegó el 17 de junio en la provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de "Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII", con el objetivo de combatir la ciberpedofilia, el grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil. La acción, coordinada por la Procuración General bonaerense y fuerzas federales, incluyó 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades, entre ellas La Plata, Mar del Plata y Junín.

Según fuentes oficiales, la investigación abarcó inicialmente 138 objetivos, lo que derivó en la intervención de 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 75 años. Entre los investigados se detectó la participación de dos menores de edad en la distribución de material ilegal, así como la presencia de seis sospechosos que desempeñaban actividades laborales con contacto directo con niños y adolescentes.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 80 computadoras, 165 teléfonos celulares, 160 dispositivos de almacenamiento digital y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 análisis preliminares sobre los dispositivos incautados para extraer evidencia procesal relevante. En Mar del Plata, cinco personas fueron imputadas, entre ellas un ex policía, y se identificaron dispositivos utilizados para la distribución de material ilegal a través de plataformas como Google, X, Whatsapp y Discord.

La investigación permitió identificar a 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y a cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Uno de los allanamientos se realizó en una unidad carcelaria, donde internos ya condenados por delitos sexuales contra menores continuaban operando redes de distribución digital.

El operativo fue coordinado por fiscales especializados en delitos informáticos y sexuales, bajo la órbita del Procurador General Julio Conte-Grand. La acción contó con la participación de la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, Prefectura Naval y otras áreas especializadas. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional y la necesidad de continuar fortaleciendo la protección de la infancia frente a los delitos digitales.

El balance del operativo evidencia la magnitud y complejidad de la problemática, así como los desafíos que enfrenta la justicia para combatir la explotación sexual infantil en el entorno digital. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad penal de los implicados y brindar asistencia a las víctimas identificadas.