En Rosario, Santa Fe, se ha desatado una polémica en torno a las auditorías de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Estas auditorías, que comenzaron en enero de 2025, han sido objeto de críticas por parte de instituciones, legisladores y defensores de derechos, quienes las califican como "crueles" y "mal planificadas".

Luciano Urrutia, vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS), denunció que menos de la mitad de los beneficiarios pudieron participar en las auditorías debido a problemas de notificación y logística. "Esto vulnera los derechos de las personas con discapacidad, dejándolas en una situación de incertidumbre", afirmó. Además, señaló que más de 500,000 personas que cumplen con los requisitos para recibir pensiones están a la espera de su aprobación, mientras que las altas están congeladas.

El senador nacional Marcelo Lewandowski también expresó su preocupación, destacando que las auditorías generan angustia en los beneficiarios. "Es una crueldad hacer que personas con discapacidades evidentes tengan que demostrar su condición nuevamente", declaró. Lewandowski presentó proyectos en el Senado para crear una Comisión de Discapacidad y para interpelar al Ministro de Salud y al director de ANDIS, aunque hasta ahora no ha recibido respuestas.

En la provincia de Misiones, el Partido Agrario y Social (Pays) llevó el caso a la justicia, denunciando "violencia institucional" en el proceso de auditorías. Según el dirigente Héctor Bárbaro, las condiciones en las que se realizan las auditorías son indignas, exponiendo a los beneficiarios a largas esperas sin recursos básicos como agua o baños.

Por otro lado, las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad enfrentan un panorama crítico. Los pagos de aranceles están atrasados cinco meses, y la última actualización fue de apenas un 0.5% en diciembre de 2024, lo que dificulta la continuidad de servicios esenciales como transporte y tratamientos.

El contexto general refleja un ajuste económico que afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad y a las instituciones que las apoyan. Mientras tanto, las organizaciones y legisladores continúan exigiendo respuestas y soluciones concretas para evitar un retroceso en los derechos y la calidad de vida de este sector vulnerable de la población.