El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó con dureza la condena impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según Pichetto, la inhabilitación perpetua resulta desproporcionada en relación con la pena de prisión y no se ajusta a los estándares internacionales, citando los casos de Marine Le Pen y Jair Bolsonaro como ejemplos comparativos.

Durante entrevistas y declaraciones públicas, Pichetto remarcó que la sentencia, confirmada por la Corte Suprema, agota las instancias judiciales locales y plantea interrogantes jurídicos de fondo. Sin embargo, subrayó que el problema trasciende lo legal y se inscribe en una dimensión política, ya que la condena afecta al liderazgo más fuerte del peronismo y profundiza la polarización en la política argentina.

El legislador advirtió que la decisión judicial ha incrementado la confrontación en el Congreso, especialmente entre el oficialismo y la oposición, y criticó el aumento de la virulencia política, tanto desde el Gobierno como desde sectores opositores. Pichetto reclamó la necesidad de diálogo nacional y unidad para superar la actual fragmentación y evitar que la judicialización de la política se convierta en una constante.

Además, el diputado expresó preocupación por la falta de respuestas del Gobierno en temas sociales y económicos, como el ajuste a los jubilados, la situación de las universidades y los hospitales, y la gestión de la estatización de YPF, especialmente tras el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos. Pichetto insistió en que el Congreso debe defender el interés nacional y buscar consensos para fortalecer las instituciones democráticas.

El caso de Cristina Kirchner se suma a otros procesos judiciales pendientes y refleja un clima político cada vez más polarizado, con un Congreso fragmentado y tensiones crecientes entre los poderes del Estado. Diversos actores, como la jueza María Servini, han coincidido en señalar el trasfondo político de la condena y la necesidad de evitar la radicalización de los extremos para preservar la estabilidad institucional.