El Gobierno nacional amplió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir proyectos de generación de energía eléctrica, según la resolución 938/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, permite que empresas del sector energético accedan a beneficios fiscales y aduaneros, como el arancel cero para la importación de insumos destinados a grandes proyectos industriales.

La decisión responde a la emergencia energética que atraviesa el país, declarada hasta mediados de 2026, y busca fortalecer la infraestructura eléctrica para evitar futuros cortes de suministro. En los considerandos de la norma, el Gobierno señala que "resulta oportuno y conveniente incluir en el régimen los proyectos para la generación de energía eléctrica", atendiendo a la experiencia internacional y a las necesidades del sector.

Entre los principales cambios, se exige una mayor participación de proveedores locales, estableciendo que al menos el 10% del valor de los bienes importados debe corresponder a insumos nacionales. Además, se simplifican los requisitos y plazos para la presentación y ejecución de los proyectos, y se redefine el concepto de "puesta en marcha" para facilitar la implementación de nuevas inversiones.

La resolución también detalla sanciones específicas ante incumplimientos, como la ejecución total de las garantías si no se adquieren bienes nacionales o se detecta el uso indebido de los beneficios del régimen. "El objetivo es incentivar la renovación del tejido productivo, fortalecer la competitividad de los sectores económicos, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo", sostiene el texto oficial.

A un año de su puesta en marcha, el RIGI ya recibió solicitudes de adhesión para 14 proyectos, con inversiones que totalizan US$16.514 millones, según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado. El sector energético valora la reducción de aranceles y la simplificación de trámites como incentivos para nuevas inversiones, mientras que el Gobierno destaca la importancia de la participación local y la inversión privada para garantizar la seguridad energética del país.

La ampliación del RIGI se enmarca en un proceso de apertura económica y modernización productiva, con el objetivo de atraer capitales y responder a la creciente demanda de energía en un contexto de crisis y transformación estructural.