La muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida el 20 de febrero en un departamento de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, destapó una compleja trama de consumo recreativo de anestésicos y robo de medicamentos hospitalarios. Zalazar, de 29 años, fue hallado sin vida por su hermana, con una vía intravenosa en el pie y rodeado de frascos de propofol y fentanilo, ambos de uso exclusivo hospitalario. La autopsia confirmó que falleció por congestión y edema cerebral y pulmonar, consecuencia de una sobredosis de estas sustancias.

El hallazgo de insumos médicos pertenecientes al Hospital Italiano de Buenos Aires en el domicilio de Zalazar llevó a la apertura de una doble investigación judicial: una por la muerte dudosa del médico y otra por la sustracción de medicamentos bajo la figura de administración fraudulenta. Dos profesionales del Hospital Italiano, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, fueron imputados y apartados de sus cargos, mientras la institución reforzó los controles internos y colaboró con la Justicia.

Las pesquisas revelaron la existencia de fiestas privadas, denominadas “Propofest”, donde un grupo reducido de médicos consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales, bajo la supervisión de un colega. Estas reuniones, organizadas a través de chats y redes sociales, implicaban riesgos elevados, ya que el uso de propofol y fentanilo fuera del ámbito hospitalario puede resultar letal incluso en dosis mínimas.

El caso generó alarma en el sector de la salud y expuso fallas en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos sensibles. Especialistas y autoridades sanitarias advirtieron sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y prevención, evitando al mismo tiempo la estigmatización de toda la comunidad anestesiológica. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires se presentó como denunciante y aclaró que no gestiona ni almacena fármacos, pero colabora con la investigación.

El debate se amplió hacia la responsabilidad institucional y social en el manejo de sustancias peligrosas, subrayando que el acceso privilegiado y la subestimación del riesgo pueden convertir a profesionales en potenciales fuentes de peligro. El caso Zalazar, lejos de ser un hecho aislado, reavivó la discusión sobre los controles en el sistema de salud y la prevención de desvíos de medicamentos, con implicancias que podrían derivar en cambios normativos y de gestión en hospitales y clínicas argentinas.