El caso del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, continúa siendo objeto de atención judicial. A casi 19 años del homicidio, el juez de Control Diego Ortiz rechazó la prescripción de la causa y ordenó que la investigación permanezca activa, permitiendo avanzar en el proceso de averiguación de la verdad histórica.

La resolución judicial habilita a las partes involucradas, tanto la defensa como la querella, a proponer nuevas pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Roberto Marcos Bárzola, parquetista cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, sigue siendo el principal sospechoso. En diciembre de 2024, Bárzola fue imputado por abuso sexual seguido de muerte, tras cotejos de ADN que lo vinculan directamente con la bata utilizada para estrangular a la víctima y con un vello púbico hallado en su cuerpo.

El juez Ortiz destacó que declarar la prescripción de la causa implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido. Además, subrayó que el caso, aunque grave y enmarcado en un contexto de violencia de género, no califica como crimen de lesa humanidad ni como una muy grave violación a los derechos humanos que lo torne imprescriptible.

La familia de Nora Dalmasso, representada por la abogada María de los Ángeles Mussolini, expresó su descontento con la resolución. "Queremos la condena penal, no solamente un juicio por la verdad", afirmó Mussolini, quien considera que la resolución es apenas el inicio de un largo camino hacia la justicia. La familia insiste en que el proceso judicial no puede cerrarse sin garantizar un verdadero acceso a la justicia y la verdad.

El caso de Nora Dalmasso ha sido emblemático en Argentina, destacando problemas en la investigación y el acceso a la justicia. Durante años, varios sospechosos fueron investigados, incluyendo al esposo de la víctima, Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022. La resolución actual busca equilibrar el derecho de las víctimas a la verdad y la obligación del Estado de investigar los hechos delictivos.

La investigación se centra ahora en el concepto de "juicio por la verdad", inspirado en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este enfoque busca garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad histórica, incluso si no se puede aplicar una sanción penal.

El juez Ortiz enfatizó que el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad. "El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones", fundamentó el magistrado.

La resolución judicial no está firme y las partes aún pueden apelar. Mientras tanto, el fiscal Pablo Jávega está habilitado para continuar investigando a Bárzola y las partes pueden seguir produciendo pruebas. La familia de Nora Dalmasso y la sociedad en general esperan que este caso emblemático no quede impune y que se logre justicia para la víctima.