En Argentina, comunidades indígenas como los mapuches y kollas han sido desalojadas de manera violenta en regiones como la Patagonia y Jujuy, según denuncias recientes. Estas acciones han generado una fuerte polémica, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos y críticas hacia las políticas gubernamentales que, según algunos, favorecen intereses económicos extranjeros.

Los desalojos han sido descritos como parte de una "nueva campaña del desierto", evocando un pasado de colonización y desplazamiento forzado. En algunos casos, las comunidades fueron acusadas de provocar incendios, aunque investigaciones posteriores señalaron a empleados de estancieros como responsables. Estas acciones han sido vinculadas a proyectos de lujo en tierras indígenas, lo que ha intensificado las críticas hacia los líderes políticos y legisladores que aprobaron leyes facilitando estos desalojos.

Históricamente, las comunidades indígenas en Argentina han enfrentado marginación y despojo de tierras. La situación actual refleja tensiones entre desarrollo económico y derechos humanos, exacerbadas por la influencia de actores internacionales. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado los desalojos como violaciones graves, mientras que algunos sectores políticos los justifican como necesarios para el desarrollo.

La comunidad internacional observa con preocupación, destacando la importancia de proteger los derechos de los pueblos originarios. Este fenómeno se conecta con un contexto global de resistencia frente a políticas autoritarias y de exclusión, subrayando la necesidad de un equilibrio entre desarrollo y respeto por las culturas originarias.